Preparan paquete de capos para EU
Tal parece que en la recta final del sexenio, el gobierno de México está decidido a dar señales que ayuden a suavizar los reclamos del gobierno de Estados Unidos, con la entrega de capos de alto rango, requeridos desde hace años por la justicia estadounidense. Entre julio y agosto, nos hacen ver, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio luz verde para que un paquete de líderes criminales sea enviado para responder ante la justicia estadounidense, en el que se incluye a Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, y Erick Valencia Salazar, “El 85”, de los cárteles de Juárez y Jalisco Nueva Generación, respectivamente, quienes de inmediato se ampararon. *. Nos cuentan que lo ocurrido en estos casos llegó rápidamente a oídos de otros jefes de la delincuencia, que ya comenzaron a solicitar amparos contra un eventual traslado a los Estados Unidos (El Universal, A2, p.2)
Desde principios de 2021 quedaron prácticamente abandonados los poblados de la sierra de Cardos en Jerez, Zacatecas. Un municipio considerado Pueblo Mágico donde los criminales han obligado a las familias a dejar sus bienes para salvaguardar sus vidas.
En febrero de 2022, uno de los pueblos aledaños, Palmas Altas quedó despoblado. Los pocos habitantes que seguían en la localidad fueron despertados por criminales que les advirtieron: “o se van, o dense por muertos”. En unas horas, los habitantes de la comunidad subieron en camionetas lo que pudieron, utensilios agrícolas, domésticos, ropa y documentos; el dolor y el terror tras la desaparición de mujeres, jóvenes forzados a entrar al crimen organizado y homicidios de quienes se opusieron, los obligó a desplazarse.
Ahora, las familias habitan arrimadas con parientes o rentando pequeñas propiedades en otros lugares. Decenas de familias de diferentes comunidades del municipio de Jerez se encuentran en situaciones similares. Ante la violencia en el lugar, los militares instalaron un cuartel provisional, pero esto no les ha solucionado el problema, los criminales siguen al acecho y ninguno de los tres niveles de gobierno se hace responsable, ya son más de dos años y la gente va perdiendo la esperanza. De vez en vez algunos regresan por nostalgia o para llevarse algo que dejaron, pero todo lo encuentran destrozado.
Tristemente, esta situación en Jerez es una constante en México. El desplazamiento forzado como resultado de persecución, conflicto armado o violencia que obliga a las familias a abandonar sus hogares ocurre en varios estados del país. De acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Centre, de 2008 a 2022 se han documentado 288 mil desplazamientos internos en México, en los cuales 386 mil personas han salido de su lugar de origen a causa de la violencia.
Y este desplazamiento aumentó a partir de 2021 en el número de desplazados y también se ha extendido en distintos territorios. Hay centenas de familias desplazadas en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos estima que tan solo de enero a junio de 2023, al menos 7 mil 710 personas abandonaron el lugar que los vio nacer. En promedio hay un evento de desplazamiento por semana y 43 personas desplazadas al día.
Urge una solución. Sabemos que las leyes no resuelven todo, pero al no existir una ley, nadie se hace responsable. En 2020, se aprobó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, pero desde entonces se encuentra estancado en Senadores. Es apremiante desempolvarlo, si es necesario mejorarlo, y aprobarlo a la brevedad.
Además, es indispensable crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para identificar las características, con el fin de generar programas de integración en los lugares de destino, pero también para aquellas personas que busquen regresar a sus lugares de origen y que no sean expuestos de nuevo a ambientes de violencia.
Se aproxima la elección de 2024, esta semana quedó definido que, salvo que ocurra algo extraordinario, Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez será la primera presidenta de México. Esperamos que quien gane sea empática con el dolor de las víctimas. Debemos exigirles hagan pública una estrategia integral y de largo aliento para construir paz, que incluya la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado. Se requiere crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención. (María Elena Morera, El Universal, Opinión, p. A14)
En abril de 2022, la Guardia Nacional le disparó a un estudiante de agronomía de 19 años en Irapuato. No cometía ningún delito. En agosto, un grupo de solados asesinó a la niña Heidi Mariana Pérez, de 4 años, en Nuevo Laredo. Iba a un centro médico. Unos meses más tarde, también en Nuevo Laredo, unos soldados dispararon a unos jóvenes. Cuando una víctima pedía una ambulancia, los militares le dispararon. Un sobreviviente dijo que los militares lo obligaron a grabar un video con una versión falsa de lo que ocurrió. En mayo pasado, varios medios publicaron otro video. Unos militares asesinaban a cinco personas y ponían armas junto a sus cadáveres para que pareciera que fallecieron en un enfrentamiento.
Casos como estos no son nuevos ni aislados. El México militarizado que comenzó con el PRI, se agudizó en el calderonato y llegó a niveles inéditos en el obradorismo. Este México y su falta de controles ante abusos de poder será una pieza central en el gobierno de cualquiera que gane la Presidencia.
Esta semana, se definió la candidatura oficialista. Ahora, ambas candidatas punteras deberán enfrentarse a la realidad militarizada del país. Ninguna ha dicho cómo piensa acabar los abusos.
En la oposición, Xóchitl Gálvez proviene de una familia de militares. Se ha pronunciado contra el militarismo y votó en el Senado contra su expansión. Sin embargo, también ha dicho que “hay experiencias que podemos retomar” de la estrategia de seguridad calderonista, que las ejecuciones extrajudiciales son “excesos” y ella estará en la calle “enfrentando al crimen organizado”, un discurso similar al de Felipe Calderón.
En Morena, Claudia Sheinbaum ha apoyado la expansión del poder militar. Ha dicho que “la Guardia Nacional tiene que fortalecerse”, ha participado en diversos actos públicos alabando a los militares. Ha defendido todos los proyectos obradoristas para expandir la militarización y ha llamado hipócritas a quienes se oponen.
También esta semana, entre las noticias electorales, un hecho pasó desapercibido. La organización WOLA, con sede en Washington, publicó un informe perturbador sobre los abusos de la militarización.
En México existe un Registro Nacional de Detenciones. WOLA encontró que el Ejército no registra allí la mayoría de sus detenciones, aunque por ley deberían hacerlo. Las investigadoras Stephanie Brewer y Ana Lucía Verduzco compararon los registros de detenidos que Ejército y Marina tenían en sus archivos y los que reportaron al Registro. En 2022, ambos cuerpos militares no informaron acerca de más de 7 mil detenciones. En los primeros meses de 2023, no reportaron más de 2,500. Algo similar ocurrió con la Guardia Nacional, que en 2022 no reportó más de 3 mil personas detenidas.
El informe incluye otra revelación. Durante el calderonato, en México se agravaron los asesinatos de civiles en enfrentamientos. En muchos casos, morían más civiles que militares o policías. La situación no se ha resuelto. “Datos de la Sedena (2022) y la GN (2021) indican que fallecen por lo menos tres personas civiles por cada persona civil herida”, dice el informe.
Además de los asesinatos, solo en 2022, la FGR investigó más de 50 casos de tortura, tratos inhumanos, desapariciones forzadas o alteración de escenas cometidas por elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional a civiles. Al mismo tiempo, el gobierno obradorista ha entregado a los militares megaproyectos, aerolíneas, puertos, aduanas y “rescate humanitario” -o sea, detenciones- de migrantes.
Los militares continúan deteniendo personas en la calle. Muchas sufren tortura. De cada 10 personas en las cárceles, 4 fueron detenidas sin orden ni flagrancia. En muchos casos les siembran armas o drogas para acusarlas de posesión. Y después viene el encubrimiento. El reporte señala que, en muchos casos, los militares acuden a casas de familiares de sus víctimas a ofrecer indemnizaciones, pagos para no impulsar investigaciones de los abusos.
En los próximos meses, Sheinbaum y Gálvez deben presentar planes de seguridad que respondan a los altos niveles de criminalidad. Si esos planes no incluyen medidas serias de contención a los abusos de militares, confirmaremos que nos espera más de lo mismo. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)