Qué bueno que el gobierno federal es tan honesto, porque se conduce con tanta opacidad en sus compras que cualquiera podría sospechar que hay cochupo encerrado. Cosa de ver, por ejemplo, la mega licitación de medicinas para el sector salud.
La súper compra resultó un fracaso, toda vez que se declararon desiertas mil 923 claves de medicamentos y materiales de curación, las cuales representan ¡el 62 por ciento! del total licitado. Y eso no es lo peor: con el tema de la distribución, se andan presumiendo ahorros, pero nadie puede demostrarlos.
Para la distribución se llevó a cabo una subasta invertida y no una licitación, por lo que los detalles son un misterio. Para empezar no se sabe cuáles eran los precios de salida, ni qué empresas ofertaron por qué regiones del país o cuánto pedían. Tampoco se informó qué empresas fueron descalificadas y por qué motivo. No se sabe qué empresas ganaron los contratos y no se sabe a cuánto asciende el monto de éstos.
Vistos todos los datos que esconde el gobierno federal, queda claro que la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, resultó una experta en ocultismo. (F. Bartolomé, Reforma, p.12)
¿Ahora sí? A seis días del derrame tóxico de Grupo México en aguas del Mar de Cortés, a través de las redes se multiplican las imágenes de especies muertas varadas en playas de Guaymas y San Carlos. Una tortuga, un lobo marino, decenas de peces. “Quien haya violado la ley será castigado”, advirtió al tocar el tema Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Puntualizó que en breve le será presentado el informe del caso, y con base en lo investigado, se actuará en consecuencia, sin admitir ningún tipo de “influyentismo”, así que “se va a aplicar la ley sin consideraciones de ninguna índole… Ya no es el tiempo, eso lo puedo decir con mucho orgullo, de que el gobierno estaba al servicio de los influyentes”. Ultimátum a Germán Larrea, dueño de Grupo México. Ahora sí va en serio. (Frentes Políticos, Excélsior, p.15)
Proceso publicó el domingo una extraordinaria entrevista con Carlos Urzúa tras su renuncia como secretario de Hacienda.
Sus declaraciones dan forma, nombres y detalles a las graves razones de su dimisión: muchas discrepancias (con el presidente López Obrador) en materia económica, que toda política económica debe realizarse con base en la eficiencia cuidando los diversos efectos que pueda tener, la imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública por personajes influyentes del gobierno con un patente conflicto de intereses que en la entrevista puso nombre: Alfonso Romo. ¿Cómo un hombre así acabó no solo siendo amigo de López Obrador sino incluso su jefe de la Oficina de la Presidencia?, se preguntó.
También pone nombre a sus diferencias como titular de Hacienda, que son extendidas: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción de Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya; el Plan de Negocios de Pemex y el conflicto judicial de Manuel Bartlett con los constructores de gasoductos. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, p. 3)
En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, Alfonso Durazo presentó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, cuyo objetivo es fortalecer las policías municipales y estatales, lo cual he planteado desde el inicio de la administración como fundamental para alcanzar la paz, así como la articulación de dichos cuerpos de seguridad con la Guardia Nacional y con las Procuradurías o Fiscalías Generales.
El modelo busca integrar a las policías estatales y municipales con la GN. Es evidente que el grueso del capital humano lo aporta la Sedena, lo cual será lo mejor que tendremos en los cuerpos de seguridad. La otra cara de la moneda implica elevar el nivel de los policías estatales y municipales, cuyas evaluaciones no son del todo buenas ni en remuneración ni en preparación ni en controles de confianza, ni en aspectos del perfil. Sin embargo, ante la inmediatez del problema, podrán aprender por experiencia y por la cercanía con las fuerzas militares de seguridad, por supuesto, con la voluntad de los gobiernos estatales y municipales. (Arturo Ávila Anaya, Excélsior, p. 18)
El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño declaró, a propósito de este reparo, que “el éxito de la Guardia Nacional no sólo va a representar puntos para el gobierno, sino que significará, además de mejores condiciones vida, la seguridad y tranquilidad de los mexicanos”. Las leyes aprobadas tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados profundizan en la necesidad de la disciplina policial y del respeto irrestricto de los derechos humanos, la regulación del uso legítimo de la fuerza, por primera vez en México, y la obligación de estados y municipios para coordinarse con la federación mediante convenios que exigirán la profesionalización de sus policías.
Es de destacar el compromiso del Secretario Alfonso Durazo, quien dejó claro que el gobierno no contempla despedir a ningún elemento activo, y quienes así lo decidan podrán sumarse al nuevo cuerpo de seguridad, con todos los derechos laborales que correspondan conforme a la Ley y al Reglamento de la Guardia Nacional, como su antigüedad, bonos, rango, capacitación, prestaciones y condiciones de seguridad social. (Lorenia Valles, El Sol de México, p. 19)
En años recientes, más que resolver problemas, lo que se hacía era buscar paliativos. Parecía que se estaban resolviendo las cosas, pero en el fondo lo que se estaba haciendo era, en algún sentido, darles largas.
En donde quizá se concentró esta tendencia fue en los temas de seguridad. En muchos estados la presencia del Ejército resolvió parte de la dinámica cotidiana. Los soldados dan seguridad, al tiempo que generan condiciones para que la delincuencia organizada se inhiba.
Todos sabemos que no pueden permanecer el Ejército y la Marina en la calle, la creación de la Guardia Nacional (GN), en buena medida intenta que las cosas entren bajo nuevas dinámicas en el proceso de seguridad. (Javier Solórzano, La Razón, p. 2)
Circo que hace cartel a partir de las purgas de una 4T sin cohesión. Pleitos entre adeptos e ineptos, entre colaboradores-coro del Presidente, con prietitos en el arroz que renuncian para de inmediato ser echados a los leones. Popular espectáculo donde los caídos de la gracia de “ya saben quién”, aterrizan sin mínima escala intelectual en la arena de los traidores, cobardes y demás epítetos a los cuales, los de ahora, son más propensos que los de antes.
Gladiadores al centro, Germán Martínez, Carlos Urzúa y Tonatiuh Guillén, a los costados, Josefa González Blanco, Carlos Lomelí y otros. Guardia pretoriana de ocasión, Santiago Nieto, Irma Eréndira Sandoval y Yeidckol Polevnsky que proclaman; por encima de la razón, la pasión.
Laica devoción por el prócer sin mediar leyes y normas. No son iguales, pero hacen lo mismo. Hay pelea por Morena, por superdelegados, por colocar fichas propias en tableros ajenos, por construir futuro, por cacarear huevos ajenos, por influir, por no desentonar, por no disentir. Al menos, no mucho. (Carlos Urdiales, La Razón de México, p.4)
Lo sucedido en Baja California no sólo es vergonzoso, anticonstitucional y evidentemente ilegal, es, también, y por esas mismas razones, uno de los mayores desafíos potenciales para el sistema democrático del país. La intención de ampliar el mandato de dos a cinco años de las elecciones, que ganó en julio pasado el morenista Jaime Bonilla, es parte de los presuntos compromisos subterráneos que asumió el gobernador Kiko Vega (el peor gobernador surgido del Partido Acción Nacional que ha tenido ese estado desde que el blanquiazul ganó esa gubernatura en 1989) como una suerte de transición pactada y seguro de impunidad. En dos ocasiones se intentó avanzar legalmente con esa medida y en ambas fue rechazada, la última ocasión antes de las elecciones, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la elección de julio se eligió a un gobernador por dos años. Y repentinamente, antes de que asuma Bonilla, el congreso local, casi por unanimidad y sin ningún tipo de discusión previa, aprobó, entre gallos y medianoches, que se le ampliara el periodo a cinco años con la peregrina argumentación de que era muy caro hacer otra elección dentro de dos años, coincidiendo con los comicios federales de medio término. Es algo a todas luces ilegal, que contó con el respaldo del gobernador en funciones, el entrante y de casi todo el congreso local. Dicen que hubo mucho dinero para orientar esa opinión. No lo sé, lo que sí sé es que, haya sido comprado económicamente o no ese voto, estamos ante un evidente acto de corrupción. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, p. 12)
Pasado mañana se cumplirán ciento cuarenta y siete años de la muerte de Benito Juárez en el Palacio Nacional.
Quizá sin reparar en la proximidad del aniversario, ayer el Señor Presidente se refirió a su inminente mudanza a los nuevos apartamentos dentro del histórico edificio, en los cuales habitará mientras dure su encargo, sin desmontar del todo su actual domicilio en la alcaldía de Tlalpan, llamado, por cierto, en los tiempos de don Benito, San Agustín de las Cuevas.
El actual domicilio del Señor Presidente no estará en esa ala del edificio sino en la esquina sur oriental, cerca de Correo Mayor.
El triste deceso de don Benito es narrado así en un trabajo llamado “Muerte y acta de defunción, Benito Juárez murió de neurosis del gran simpático en 1872”, escrito por Guillermo Fajardo Ortiz y Alberto Salazar para el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, de la Facultad de Medicina de la UNAM. (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, op. p. 3)
Confiemos en que el nuevo secretario de Hacienda, Auturo Herrera, no le haga mucho caso al Presidente cuando le pide abandonar las políticas neoliberales que el mandatario ha prometido desterrar para siempre. Que le diga que sí, pero que no acate la orden. Es que veamos el comparativo de dos países latinoamericanos: Chile, el neoliberal por excelencia (con políticas seguidas por presidentes socialistas, demócrata cristianos y de derecha y el populista nacionalista icónico del subcontinente, Venezuela.
En México se quiere optar por el populismo (repartir dinero a raudales para formar la base electoral de Morena), y el nacionalismo que expulsa a la inversión extranjera (ver caso de Pemex).
Obviamente hay que limar las aristas hirientes del neoliberalismo, como la desigualdad, y tener un Estado fuerte que garantice beneficios a la población (salud, educación, esparcimiento), pero los ejemplos descritos nos dicen cuál es el camino a seguir. Salvo, pues, que se tenga una realidad paralela, virtual, ideologizada y setentera. (Pablo Hiriart, El Financiero, p. 40)
Qué trabajo le costó a Irma Eréndira Sandoval dar cuenta ayer –al término de la mañanera en Palacio Nacional y ya sin la presencia del Presidente de la República- del caso del ex súper delegado en Jalisco, Carlos Lomelí.
Su mensaje ante los medios de comunicación osciló entre la arenga al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y el digo, pero no digo –envuelto en tecnicismos- sobre las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el tema.
La secretaria de la Función Pública blandía la espada ante los privilegios y los conflictos de interés, al tiempo que ocultaba el origen de las denuncias (Mexicanos contra la Corrupción) que prácticamente obligaron a su dependencia a actuar contra Lomelí. Pero antes de todo, la doctora Sandoval nos recetó su apología:
-Con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador hay un antes y un después en la aplicación de la justicia y la construcción de la nueva ética pública. (Martha Anaya, El Heraldo de México, p. 6)